Un informe del Ministerio de Hacienda sobre la Viabilidad Fiscal de los Departamentos alerta que la sostenibilidad del ahorro corriente afronta el riesgo de un crecimiento del gasto corriente superior al de sus fuentes permanentes de financiación. Dice que existen diferencias entre las entidades territoriales respecto a su desempeño fiscal, al punto que algunas de ellas afrontan situaciones de insolvencia.Explica que los rubros que más presión ejercen son: mesadas pensionales; subsidios y pagos de personal en educación y salud; sentencias judiciales; y transferencias a las entidades descentralizadas.
El estudio revelado por el Ministerio de Hacienda destaca que "la ejecución y seguimiento de los programas de ajuste fiscal (leyes 358 y 617) y de los acuerdos de reestructuración de pasivos (ley 550) han contribuido al saneamiento fiscal regional y local".
En 2009 se ejecutaron 62 programas de saneamiento fiscal con apoyo y asistencia técnica de la DAF (Dirección de Apoyo Fiscal): uno en ley 358 de 1997; 5 en ley 617 de 2000 y 56 en ley 550 de 1999.
Precisa el informe que al finalizar el año pasado, unas 124 entidades territoriales habían adelantado programas de ajuste fiscal con el apoyo y asistencia técnica del Ministerio de Hacienda: 17 departamentos y 107 municipios.
Los procesos fracasados por incumplimiento cubren el departamento de Choco, y los municipios de Bahía Solano, Istmina, Malambo, Plato y Tadó. Los acuerdos que no lograron suscribirse ocurrieron en los municipios de Corozal, Guapi, Mocoa y Sabanalarga, indica el estudio.
El informe del Gobierno indica que al cierre del año pasado, 13 departamentos y 76 municipios se habían acogido a la Ley 550. De esta cantidad, 24 terminaron exitosamente los acuerdos; 55 se encuentran en ejecución, 4 no lograron suscribirse y 6 fracasaron por incumplimientos.
Adicionalmente 35 suscribieron programas de desempeño fiscal con el acompañamiento del Ministerio de Hacienda, de los cuales 29 terminaron satisfactoriamente entre 2002 y julio 31 de 2009, el proceso de Quibdó terminó por incumplimiento y los de Atlántico, Valle, Guajira, Cali y Belén de Andaquíes (Caquetá) continúan en ejecución.
Como resultado de este proceso se reestructuraron obligaciones por 3.9 billones de pesos. Alrededor del 71% de estas obligaciones fueron canceladas unas por medio de pagos efectivos y otras mediante depuraciones a través de saneamiento contable, indica el ministerio de Hacienda en su informa.
Fuente: El Espectador
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