Delegados de 20 organizaciones sociales y de víctimas del departamento, entidades oficiales y de organismos internacionales, participaron en el taller consultivo que la CNRR realizó el pasado martes en Medellín, con el fin de conocer el concepto de dichas organizaciones y así hacer los correctivos necesarios al documento que será presentado al Gobierno en agosto próximo. El documento presentado por a coordinadora del área de Reparación y Atención a Víctimas, Olga Rebolledo, contempla que la reparación debe apuntar a medidas que faciliten la reconstrucción del proyecto de vida de comunidades y grupos. ”Este Programa tendrá que dar pauta para recuperar el Estado Social de Derecho en la comunidades que sufrieron por la violación de derechos humanos, pero sobre todo dignificar y reconocer de manera pública el daño que sufrieron estas poblaciones”, indicó Rebolledo.
Para la elaboración de este documento, la CNRR trabajó en ocho pilotos con igual número de comunidades y organizaciones. En Medellín, Caminos de Esperanza Madres de la Candelaria, fue la elegida. “El proceso piloto de reparación colectiva es implementado a través de cuatro componentes entre los que se encuentran la atención psicosocial, y la aplicación del recurso de muerte presunta para agilizar tramites legales interrumpidos a causa de una desaparición forzada.
“Depende de una voluntad política”
Según Lina María Cano, directiva de Madres de la Candelaria, “con la desaparición de un ser querido, su familia se afecta notablemente psicológicamente y es necesaria una intervención en este aspecto, pero mientras que no aparezca esa persona, hay situaciones legales como la venta o sucesión de un predio, o recibir una pensión, que se ven afectadas, por lo que es necesario utilizar el recurso de ‘muerte presunta’, con el cual se destraban todos los procesos, sin embargo éste es muy costoso, pero al estar incluido en la reparación colectiva ha sido un gran beneficio para nosotras”.
Pero la Reparación Colectiva va más allá, pues además de no interrumpir en el proceso de una reparación administrativa individual, este recurso tiene como finalidad asegurar la reconstrucción de aquellas poblaciones afectadas físicamente, como en el caso de Bojayá y El Aro, pero para esto es necesario, según Rebolledo, que se incluyan en los planes de desarrollo municipales, departamentales y nacionales.
Sin embargo, para hacer realidad este proyecto, son necesarios cerca de 14 billones de pesos, según lo estimado por la CNRR. “Estos recursos deberán ser utilizados gradualmente en los 15 años que dure su implementación. Lo que hay que destacar es que su efectividad depende de una voluntad política del Gobierno Nacional”. Ante esto, la CNRR espera finalizar los talleres en todo el país para presentar el documento final y entablar diálogos con el presidente electo Juan Manuel Santos, en el que se espera encontrar la mejor disposición para permitir una verdadera reparación a las víctimas del conflicto armado.
Fuente: El Mundo
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