Territorio Chocoano Noticias - Quibdó (Chocó)

Antes de realizar cualquier tipo de análisis, es necesario decir de entrada, que existe una norma insoslayable de carácter constitucional (Artículo 102), que indica que “El territorio, con los bienes públicos que de él forman parte, pertenecen a la nación”. Es decir, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa, de conformidad con el Derecho Internacional o con las leyes colombianas a falta de normas internacionales.

A renglón seguido debemos decir que la nación es simple y llanamente, un grupo de habitantes que, en un mismo territorio y regidos por un mismo gobierno, forman un país en donde esos habitantes se caracterizan por tener unas mismas costumbres y hábitos, y que generalmente hablan el mismo idioma y que se encuentran unidos por un pasado común y un futuro en desarrollo armónico; lo cual indica, que en plata blanca,  lo que bajo tierra o bajo el mar se encuentre, es de todos y cada uno de los colombianos y es a todos los colombianos y no a unos pocos a quienes esas riquezas deben favorecer.

Pensar en contrario, sería ir en contravía del primero y principal principio fundamental  de nuestra Carta Magna que enseña que Colombia es un Estado Social de Derecho, en donde se debe cumplir a cabalidad la prevalencia del interés general.

Por eso, con la presentación al Congreso de la República de un proyecto de Acto Legislativo por medio del cual se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, relacionados con el régimen de regalías, el gobierno nacional quiere impulsar una de las reformas más importantes para el desarrollo del país y de paso hacer justicia redistributiva al proyectar dedicar el 10 por ciento de los recursos del Sistema General de Regalías para la ejecución de proyectos de ciencia, tecnología e innovación, sin discriminaciones odiosas, entre ciertas regiones del país privilegiadas y otras que no gozan de riquezas naturales y es entonces que las odiosas reglas de juego que hoy se tienen para la distribución de las regalías dejarán de tener vigencia, pues ya no pueden seguir siendo unos pocos departamentos y municipios los beneficiarios principales de las mismas.

Es elemental que por fin a Colombia, se le permitirá ser una potencia energética y es por lo mismo que, el país tiene la imperiosa necesidad de ahorrar parte de estos nuevos recursos, para aplicarlos en los períodos de vacas flacas y no como lo hacen ahora ciertos municipios con mentalidad de “nuevo rico”, que construyen velódromos donde ni siquiera existen ciclistas, o haciendo monumentos insulsos pero supermillonarios o simplemente esquilmando el erario público para beneficio de unos pocos corruptos.

Así las cosas, se observa con buenos ojos este proyecto que da aplicación verdadera al derecho a la igualdad de los entes territoriales, como socios de un Estado Social de Derecho, en donde debe primar el interés general.

Desde luego que las actuales zonas petrolíferas tendrán motivos para oponerse, pero no serán de buen recibo.  El Eje Cafetero por ejemplo, contribuyó a  durante muchos años al desarrollo de toda Colombia con el sudor de todos y cada uno de los caficultores de nuestras bellas tierras y ninguno se opuso a que el dinero de la bonanza cafetera se fuera a los cuatro puntos cardinales para bien del país.

Es insólito pensar que los negros e indígenas del Chocó cuyas tierras son comunitarias, o los sanandresanos que sólo viven del turismo,  para citar sólo dos ejemplos, sean excluidos de las ganancias de los frutos del subsuelo que pertenecen a todos por igual, como los parques y las calles de nuestras ciudades o el aire que respiramos.

Por Otoniel Arango Collazos, columnista del Diario del Otún