Por fin hay un debate abierto sobre temas raciales en Cartagena, que anuncia otros en el resto del país.La controversia comenzó por una iniciativa de la alcaldía cartagenera, que ofrece dos becas anuales para afrocolombianos que quieran cursar la Maestría en Desarrollo y Cultura de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Para aumentar el impacto social de las becas, existía un requisito adicional: que los postulantes tuvieran una trayectoria de trabajo a favor de la población afro.
La controversia arrancó cuando Martha Amor, quien dirige la emisora de la Universidad de Cartagena y aspiró sin éxito a la beca, se despachó contra los resultados desde su columna de El Universal. Para Amor, la razón por la que no escogida fue que su tez morena no era tan oscura como la de los dos candidatos ganadores.
El asunto salió del Corralito de Piedra gracias a una columna de Daniel Samper Pizano. Con su buen sentido usual, Samper defendió las iniciativas como ésta, que benefician a grupos históricamente discriminados. Pero cometió un desliz periodístico raro en un maestro: se tragó entera la versión de Amor. Agregó que la comunicadora tendría a su favor ser directora de un programa de radio contra el racismo (“Negro tenía que sé”), cuando en realidad este es el título de una campaña organizada por jóvenes de barrios marginales e impulsada por autoridades, financiadores y académicos, entre los que no está Amor. Convencido de que denunciaba una injusticia, Samper cometió otra: condenar a los organizadores de las becas por promover “discriminación racial invertida” en contra de una “negra no tan negra”.
Ahí fue Troya. Reviraron activistas, periodistas y funcionarios cartageneros, que desvirtuaron la historia de Amor. Algunas réplicas han dado un giro personal contra la denunciante. Pero el debate saludable e interesante tiene que ver con las preguntas de fondo y las pistas que el caso puede dar.
¿Para quién deben ser este tipo de beneficios? ¿Basta con tener la piel oscura para merecer una beca para afrodescendientes? Creo que no, por dos razones. Primero, porque una beca es, por definición, una subvención para personas que, sin esa ayuda, no tendrían los recursos para acceder a un programa educativo. Quienes otorgan estas oportunidades para poblaciones discriminadas por su identidad (racial, étnica, de género, etc.), deben tener en cuenta también el criterio de clase social. En el caso de marras, no bastaba ser negro (de cualquier tonalidad) para ser becario, sino demostrar necesidad económica.
Lo mismo dijo Obama cuando le preguntaron si sus hijas debían beneficiarse de programas de esta naturaleza. Respondió que no, porque ellas han crecido en cómodas condiciones económicas y, por tanto, no deberían recibir el tratamiento especial que sí merece la mayor parte de la población negra (y pobre) de EE.UU. Con el mismo argumento se han defendido la administración de Cartagena y la Universidad Tecnológica, al recordar la mayor precariedad económica de los ganadores de la beca, que viven y trabajan en los barrios pobres de la ciudad.
El segundo punto clave es que las becas no favorezcan sólo a quienes las reciben, sino que multipliquen las oportunidades para miembros de poblaciones discriminadas. El objetivo no es sólo tener más rostros negros en las aulas, sino impulsar un proceso de largo plazo contra la discriminación. Por eso los becarios fueron escogidos por su trayectoria de trabajo comunitario por la población afrocartagenera, como lo muestra Claudia Ayola, otra destacada profesional y mulata cartagenera, en incisivas columnas en Semana.com y El Universal.
Tienen razón quienes desaconsejan hacer distinciones odiosas dentro de grupos discriminados. Pero las críticas apresuradas olvidan que no basta con un rostro (más o menos) negro para luchar contra la discriminación. Y pueden acabar con los pocos programas contra el racismo en el país.
Por: César Rodríguez Garavito, columnista de El Espectador y Miembro fundador de DeJuSticia y coordinador del Observatorio de Discriminación Racial.
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