Se cumplieron ocho años masacre de Bojayá, ocurrida el 2 de mayo de 2002, después de que el frente 58 de las Farc lanzara una pipeta de gas con metrallas al templo del pueblo, en el que se refugiaban de la guerra hombres, mujeres y niños.Aunque hay una discusión sobre la cifra exacta, el número de víctimas sugerido por la Comisión de la Memoria Histórica —que prontamente presentará un informe completo, como ya lo hizo para los casos de Trujillo y El Salado— asciende a 80. Más allá del dato cuantitativo, que algunos suponían incluso mayor, del orden de los 119 muertos, esta es una buena ocasión para reflexionar en torno a la memoria de un hecho trágico y las relaciones que se tejen con la paz, la justicia y el tipo de reparación que se está implementando en Colombia.
De entrada, es preciso constatar que el debate sobre la paz desapareció del discurso de los candidatos a la Presidencia. La paz, como lo sugieren Gonzalo Sánchez y Martha Nubia Bello en entrevista con El Espectador, "no da votos". Por lo mismo, el discurso sobre la seguridad, del que ya hay un acuerdo en el país, colonizó las otras dimensiones del conflicto con los violentos. Asistimos a una autocensura de parte de las campañas presidenciales que, a la postre, impide que se reconozcan las implicaciones de reconstruir la memoria histórica de hechos traumáticos. Los ejercicios de la memoria, sin embargo, no se limitan a la narración de hechos ocurridos y el conteo de víctimas. Por el contrario, permiten visibilizar a las víctimas, hasta ahora marginadas de los acuerdos de paz que se han hecho exclusivamente entre combatientes.
En materia de justicia debe decirse que ha primado el carácter sesgado, casi político, con que se ha asumido en estos últimos años el caso de Bojayá. Dos guerrilleros condenados a 36 años de prisión y cuatro más acusados constituyen el saldo final de lo adelantado por la justicia. El acto de sevicia protagonizado por las Farc, que les valió el justo calificativo de terroristas, no debe ocultar que los paramilitares del bloque Élmer Cárdenas, con quienes estaba en disputa el territorio, no tuvieron reparo alguno en utilizar a la población civil como escudo. La responsabilidad material de los hechos les asiste a las Farc, pero nada debiera impedir que se procese, igualmente, a los paramilitares que entraron a la zona hacia finales de los noventa e iniciaron una violación sistemática de los derechos humanos que incluyó persecución, matanzas y desapariciones. Frente a esto, además, es también el Estado el responsable por acción u omisión. No hubo reacción alguna a las alertas tempranas y se sabe de testimonios de la diócesis de Quibdó, de organizaciones sociales de la región y de Naciones Unidas en los que se acusa a miembros del Ejército de connivencia con paramilitares. Existe, pues, una multiplicidad de responsabilidades.
Frente al proceso de reparación es preciso aceptar que el Estado ha hecho importantes esfuerzos para atender a la población afectada. Con una inversión cercana a los $33.000 millones se llevó a cabo la construcción del Nuevo Bojayá, ahora lejos del río Atrato. Aunque las obras en infraestructura son visibles para todo el que visite la zona, preocupa la sostenibilidad del proyecto. Sin pescado y cultivos de arroz los habitantes están destinados a depender de la ayuda de Acción Social y la beneficencia internacional. Básicamente se procedió a construir un pueblo en cemento sin consideración del derecho constitucional que tienen las comunidades afrodescendientes e indígenas a ser consultadas. Lo errático de la intervención le plantea, desde ya, un enorme reto al Estado: no basta con recaudar e invertir cuantiosos fondos en poblaciones afectadas por el conflicto, es necesario reconocer y respetar sus diferencias culturales. En síntesis, no todas las víctimas son iguales ni tienen los mismos reclamos.
Por lo demás, el Estado desaprovechó la oportunidad de acudir a la memoria simbólica, a la reparación ya no individual y económica, sino colectiva, para erigir un símbolo de la degradación de la guerra. Ocho años después de la masacre de Bojayá nadie sabe qué ocurrirá con el pueblo anterior, hoy abandonado a la manigua. Sin estigmatizar a uno u otro actor armado, esta era la ocasión para exigir garantías de no repetición. De ahí el poder de la memoria.
Por Laura Ardila Arrieta, columnista de El Espectador
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