Uno de los principales desafíos de Colombia hoy en día es mantener un crecimiento económico evitando impactar de manera irreversible los ecosistemas naturales de los cuales dependen los servicios ambientales que soportan la vida en el planeta y el desarrollo en nuestro país.
Una responsabilidad de la cual ninguna persona, dirigente o entidad pueden estar ausentes.
Es por esta misma razón que se hace necesario pensar en profundidad cómo manejar los impactos y limitaciones que se presentaran en el país ante la gran demanda de productos básicos tales como minerales e hidrocarburos particularmente.
Los más recientes anuncios del Banco de la República muestran que el 86.2% de la inversión extranjera directa que llegó al país en los primeros cuatro meses del año se concentró en estos sectores.
En este nuevo contexto de bonanza, la protección del medio ambiente y el respeto a la diversidad cultural surgen como temas fundamentales. Hasta el momento el modelo de desarrollo ha hecho caso omiso a estas consideraciones al privilegiar un desarrollo económico de corto plazo, ignorando las consecuencias negativas que se pudieran presentar en el largo plazo.
Las cifras que da el Instituto Alexander von Humboldt -IAVH- sobre el estado actual de nuestros ecosistemas evidencian esta aseveración. Según el IAVH, en la región Andina el 70% de los ecosistemas boscosos ha sido alterados y su impacto muestra cómo el 34.8% de las especies de plantas, así como el 74.6% de las aves, el 47.6% de los mamíferos, el 96.3% de los anfibios y el 38.6% de los peces están amenazadas. Estas cifras son aún más dramáticas si se tiene en cuenta que es en la región Andina donde se localizan los ecosistemas de páramo de los cuales depende el recurso hídrico que abastece los acueductos de los principales asentamientos humanos, y gran parte de la agricultura y de la industria del país.
En cuanto a otras regiones las cifras no son mejores. Según el Instituto de Investigaciones Ambientales de la Universidad Nacional el 78% de los ecosistemas de la región Caribe han sido transformados.
En el caso de la región Pacífica la cifra alcanza el 43%, en la Orinoquia el 35% y la Amazonia un 20%.
Estas cifras son un campanazo de alerta y merecen la mayor atención.
El impacto de la gran minería no se puede desconocer. Es esta una de las razones para que se haya iniciado uno de los debates más interesante sobre medio ambiente y minería en nuestro país, el cual empezó hace unos meses al conocerse la adjudicación de concesiones mineras en zonas de páramo y parques nacionales.
El momento político para el debate sobre el modelo de desarrollo deseado es el más propicio en medio de la campaña electoral.
Casos como el debate y conflicto que han despertado proyectos tales como el de las minas de oro de la Colosa en el Tolima o el de la mina Angostura en el municipio de California en Santander, así como la Sentencia de la Corte Constitucional que tutela los derechos de las minorías étnicas ante la falta de un proceso de consulta previa adecuado con respecto a la mina Mande Norte en los límites de Antioquia y Chocó, del cual me ocupé en una columna anterior, muestran la necesidad de mirar el tema minero con particular atención con el fin de garantizar que el marco en que se desarrolle la inversión extranjera para este sector goce de seguridad jurídica.
A la vez, que garantice el mantenimiento de la base natural de la cual depende nuestro bienestar y la sostenibilidad de los procesos productivos, así como también el derecho que tienen los pueblos indígenas y afrocolombianos que habitan el territorio nacional a un desarrollo propio basado en sus usos y costumbres.
No lograr este equilibrio conducirá a un incremento de los conflictos culturales y ambientales, y también limitará las oportunidades para el desarrollo económico.
Por Juan Mayr Maldonado (ex ministro del Medio Ambiente), columnista de El Colombiano
Uno de los principales desafíos de Colombia hoy en día es mantener un crecimiento económico evitando impactar de manera irreversible los ecosistemas naturales de los cuales dependen los servicios ambientales que soportan la vida en el planeta y el desarrollo en nuestro país.Una responsabilidad de la cual ninguna persona, dirigente o entidad pueden estar ausentes.
Es por esta misma razón que se hace necesario pensar en profundidad cómo manejar los impactos y limitaciones que se presentaran en el país ante la gran demanda de productos básicos tales como minerales e hidrocarburos particularmente.
Los más recientes anuncios del Banco de la República muestran que el 86.2% de la inversión extranjera directa que llegó al país en los primeros cuatro meses del año se concentró en estos sectores.
En este nuevo contexto de bonanza, la protección del medio ambiente y el respeto a la diversidad cultural surgen como temas fundamentales. Hasta el momento el modelo de desarrollo ha hecho caso omiso a estas consideraciones al privilegiar un desarrollo económico de corto plazo, ignorando las consecuencias negativas que se pudieran presentar en el largo plazo.
Las cifras que da el Instituto Alexander von Humboldt -IAVH- sobre el estado actual de nuestros ecosistemas evidencian esta aseveración. Según el IAVH, en la región Andina el 70% de los ecosistemas boscosos ha sido alterados y su impacto muestra cómo el 34.8% de las especies de plantas, así como el 74.6% de las aves, el 47.6% de los mamíferos, el 96.3% de los anfibios y el 38.6% de los peces están amenazadas. Estas cifras son aún más dramáticas si se tiene en cuenta que es en la región Andina donde se localizan los ecosistemas de páramo de los cuales depende el recurso hídrico que abastece los acueductos de los principales asentamientos humanos, y gran parte de la agricultura y de la industria del país.
En cuanto a otras regiones las cifras no son mejores. Según el Instituto de Investigaciones Ambientales de la Universidad Nacional el 78% de los ecosistemas de la región Caribe han sido transformados.
En el caso de la región Pacífica la cifra alcanza el 43%, en la Orinoquia el 35% y la Amazonia un 20%.
Estas cifras son un campanazo de alerta y merecen la mayor atención.
El impacto de la gran minería no se puede desconocer. Es esta una de las razones para que se haya iniciado uno de los debates más interesante sobre medio ambiente y minería en nuestro país, el cual empezó hace unos meses al conocerse la adjudicación de concesiones mineras en zonas de páramo y parques nacionales.
El momento político para el debate sobre el modelo de desarrollo deseado es el más propicio en medio de la campaña electoral.
Casos como el debate y conflicto que han despertado proyectos tales como el de las minas de oro de la Colosa en el Tolima o el de la mina Angostura en el municipio de California en Santander, así como la Sentencia de la Corte Constitucional que tutela los derechos de las minorías étnicas ante la falta de un proceso de consulta previa adecuado con respecto a la mina Mande Norte en los límites de Antioquia y Chocó, del cual me ocupé en una columna anterior, muestran la necesidad de mirar el tema minero con particular atención con el fin de garantizar que el marco en que se desarrolle la inversión extranjera para este sector goce de seguridad jurídica.
A la vez, que garantice el mantenimiento de la base natural de la cual depende nuestro bienestar y la sostenibilidad de los procesos productivos, así como también el derecho que tienen los pueblos indígenas y afrocolombianos que habitan el territorio nacional a un desarrollo propio basado en sus usos y costumbres.
No lograr este equilibrio conducirá a un incremento de los conflictos culturales y ambientales, y también limitará las oportunidades para el desarrollo económico.
Por Juan Mayr Maldonado (ex ministro del Medio Ambiente), columnista de El Colombiano
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