La palma siempre simbolizó la victoria. Ahora, la procedente del golfo de Guinea, y su cambio de alimento por agrocombustible, tiene un significado de desgracia e ilegalidad. En efecto, los impactos sociales, económicos y ambientales sobre comunidades campesinas, negras e indígenas vienen siendo documentados puntualmente. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, por ejemplo, asocia la palma de aceite en Colombia a las violaciones de derechos humanos, torturas, asesinato, desplazamiento, falsificación de documentos, apropiación ilegal de propiedades y territorios colectivos, en desarrollo de la estrategia paramilitar (masacre de Brisas de Curvaradó en octubre de 1996). No obstante ello, la pretensión de Uribe Vélez para el 2020 es la de convertir el país, siguiendo el modelo malayo, en “la Arabia Saudí del biodiesel”. Se quieren “aprovechar” las condiciones edafoclimáticas más favorables para su cultivo, existentes sólo en los llamados “hot spots” o lugares mas biodiversos del planeta.
La reciente decisión de la Fiscalía de encarcelar a 24 palmicultores rememoró la ignominia, descrita por David Campuzano (El Espectador). La llamada “Operación Génesis”, desarrollada por grupos paramilitares y la omisión de la brigada XVII del Ejército en febrero de 1997, en las cuencas de los ríos Cacarica y Truandó, Riosucio, Chocó, fue su punta de lanza. Durante una década, bajo la fachada de compañías que impulsarían el progreso de Urabá, y con toda suerte de crímenes y horrores, se apoderaron también de terrenos ancestrales de afrodescendientes en las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó (Bajo Atrato chocoano) a fin de insertarse en la economía legal de los grandes terratenientes colombianos.
Como fuera, expulsaron colonos, asesinaron por donde pasaron, compraron bajo la amenaza de siempre: “O vende la tierra usted o se la compro a la viuda”. El despojo se “legalizó” después en notarias.
Se cumplían así las palabras de Vicente Castaño Gil: “la palma se siembra con sangre”. Ya para el año 2000 arribaron a la zona en mención empresas privadas como Urapalma S. A., Palmas de Curvaradó S. A., Palmura S. A., entre otras, que se asentaron allí, y cuyos empresarios se dieron a la tarea de adquirir predios a precios irrisorios “soportados en documentos falsos”, y que después les sirvieron para respaldar créditos bancarios que les otorgó el Gobierno.
Paralelo a la desterritorialización, otro desplazamiento tuvo lugar: la fabricación de materias primas para combustibles en lugar de la producción de alimentos. Y es que el agronegocio demanda grandes extensiones de tierra. Aparte de ser contribuyente neto al empeoramiento del calentamiento global, para sustituir totalmente la demanda actual de petróleo por agrocombustibles, urge sembrar en palma el equivalente a tres planetas Tierra.
Por Mario Arango Marín, columnista de El Mundo
La palma siempre simbolizó la victoria. Ahora, la procedente del golfo de Guinea, y su cambio de alimento por agrocombustible, tiene un significado de desgracia e ilegalidad. En efecto, los impactos sociales, económicos y ambientales sobre comunidades campesinas, negras e indígenas vienen siendo documentados puntualmente. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, por ejemplo, asocia la palma de aceite en Colombia a las violaciones de derechos humanos, torturas, asesinato, desplazamiento, falsificación de documentos, apropiación ilegal de propiedades y territorios colectivos, en desarrollo de la estrategia paramilitar (masacre de Brisas de Curvaradó en octubre de 1996). No obstante ello, la pretensión de Uribe Vélez para el 2020 es la de convertir el país, siguiendo el modelo malayo, en “la Arabia Saudí del biodiesel”. Se quieren “aprovechar” las condiciones edafoclimáticas más favorables para su cultivo, existentes sólo en los llamados “hot spots” o lugares mas biodiversos del planeta.La reciente decisión de la Fiscalía de encarcelar a 24 palmicultores rememoró la ignominia, descrita por David Campuzano (El Espectador). La llamada “Operación Génesis”, desarrollada por grupos paramilitares y la omisión de la brigada XVII del Ejército en febrero de 1997, en las cuencas de los ríos Cacarica y Truandó, Riosucio, Chocó, fue su punta de lanza. Durante una década, bajo la fachada de compañías que impulsarían el progreso de Urabá, y con toda suerte de crímenes y horrores, se apoderaron también de terrenos ancestrales de afrodescendientes en las cuencas del Curvaradó y Jiguamiandó (Bajo Atrato chocoano) a fin de insertarse en la economía legal de los grandes terratenientes colombianos.
Como fuera, expulsaron colonos, asesinaron por donde pasaron, compraron bajo la amenaza de siempre: “O vende la tierra usted o se la compro a la viuda”. El despojo se “legalizó” después en notarias.
Se cumplían así las palabras de Vicente Castaño Gil: “la palma se siembra con sangre”. Ya para el año 2000 arribaron a la zona en mención empresas privadas como Urapalma S. A., Palmas de Curvaradó S. A., Palmura S. A., entre otras, que se asentaron allí, y cuyos empresarios se dieron a la tarea de adquirir predios a precios irrisorios “soportados en documentos falsos”, y que después les sirvieron para respaldar créditos bancarios que les otorgó el Gobierno.
Paralelo a la desterritorialización, otro desplazamiento tuvo lugar: la fabricación de materias primas para combustibles en lugar de la producción de alimentos. Y es que el agronegocio demanda grandes extensiones de tierra. Aparte de ser contribuyente neto al empeoramiento del calentamiento global, para sustituir totalmente la demanda actual de petróleo por agrocombustibles, urge sembrar en palma el equivalente a tres planetas Tierra.
Por Mario Arango Marín, columnista de El Mundo



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