Territorio Chocoano Noticias - Quibdó (Chocó)

En el Chocó reina el caos en la administración pública, producto de la ineficiencia y la corrupción de sus dirigentes. Una casta que ha edificado su poder político y económico a través del saqueo de los fondos públicos y los resultados de esa manera tan indecorosa de administrar la cosa pública deja como saldo un departamento totalmente en ruinas y con sus principales instituciones en bancarrota. Las estadísticas hablan por sí solas de los graves efectos de la podredumbre de la dirigencia chocoana. En los últimos 12 años sólo se ha reducido en un 1% el índice de necesidades básicas insatisfechas de la región. Cifra que demuestra la profunda crisis que se vive en el Chocó, en donde el 48% de sus 450.000 habitantes viven por debajo de la línea de indigencia, el 56% por debajo de la línea de la pobreza. Una muestra palmaría de las funestas consecuencias que genera la corrupción y la negligencia administrativa en una región, donde el índice de calidad de vida es 20% más bajo que el promedio nacional.

Es tan aberrante el caos en la administración pública en el Chocó, que ni las cacareadas intervenciones del Gobierno nacional han frenado la corruptela en el sector de la salud y la educación. Lo único que se ha logrado es que la defraudación alcance más niveles de sofisticación con la participación de altos dignatarios del poder central. El gobernador encargado Antonio Gómez Rodríguez, quien lleva más de un mes en el cargo, afirma sin tapujos que “al Chocó se lo han robado y se lo siguen robando, no se sabe en qué momento se va a parar ese desangre, porque todos los días aparecen cosas nuevas firmadas recientemente o cosas antiguas que reviven y la situación es desesperante” debido a que “se ha montado un carrusel de demandas y de embargos que desangran al departamento”.

Es de tal magnitud la defraudación que los últimos tres gobernadores electos afrontan procesos en la Corte Suprema de Justicia por delitos contra la administración pública y por vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo. A William Halaby Córdoba, la CSJ lo condenó a cinco años de prisión, amén de otros procesos en que tendrá que responder. Por su parte, Julio Ibargüen Mosquera, enfrenta varias investigaciones por peculado y otros por vínculos con el narcotráfico y el paramilitarismo. Patrocinio Sánchez Montes de Oca fue separado del cargo por el delito de peculado culposo y cursan en su contra otros líos penales por contratación indebida y sus nexos con el paramilitarismo, además otra serie de investigaciones disciplinarias en la Procuraduría.

En los períodos de estos tres mandatarios se disparó el desangre de las finanzas del Chocó como consecuencia de la rapiña que se desató para apoderarse ilícitamente de los dineros públicos. Por ende, desaparecieron una serie de archivos y con ello se han multiplicado las acciones judiciales en contra del departamento.

De hecho, surgió un cartel de abogados que se ha especializado en desfalcar al departamento y, que de acuerdo con una denuncia que formularon varios ex servidores del departamento, es liderado por el ex gobernador Patrocinio Sánchez.

Afirman que “el gran cartel de los embargos contra el departamento lo tiene montado hace años Patrocinio Sánchez, quien lo dirige y luego con su elección lo trasladó a su Despacho de Gobernador, donde repartía procesos y honorarios entre los miembros de su pool de abogados, para desangrar las finanzas del departamento” y de paso aseguran que “la oficina de abogados del ex gobernador Sánchez tiene embargados los impuestos a la cerveza y el tabaco”.

Ahora, si por la gobernación llueve por la Dirección Seccional de Salud no escampa. Tres años lleva la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, y en este tiempo se han nombrado tres Interventores, pero el balance es desastroso: su deuda se ha duplicado de $60.000 millones en el 2007 a $112.000 millones en el 2010. El presupuesto del 2010 ya está comprometido, la deuda crece a un ritmo de $5 millones diarios y el faltante presupuestal es del orden de $ 12.000 millones.

Es tan grave lo que pasa en Dasalud que el actual Interventor Antonio Sarria denunció que “el caos en el archivo posibilita toda clase de delitos”. Este es resumen del desastre administrativo que impera en el Chocó.

Por Jose E. Mosquera, columnista de El Mundo