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May 21st
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Orden Público y Judicial

Procuraduría destituyó al exgobernador del Chocó, Róger Pastor Mosquera

Procuraduría destituyó al exgobernador del Chocó, Róger Pastor Mosquera
En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 18 años para ocupar cargos públicos al exgobernador encargado del departamento del Chocó, Roger Pastor Mosquera Lozano, por permitir incrementar injustificadamente el patrimonio de terceras personas.
De acuerdo con la investigación, cuando se desempeñaba como gobernador encargado del departamento de Chocó, el día 4 de diciembre de 2007, Mosquera Lozano dio lugar al incremento injustificado del patrimonio de los señores Freddy Lloreda Palacios, Marcial Blandón Rivas, José Américo Mosquera Lozano, Florentino Blandón Palacios y José Manuel Cuesta, al celebrar un acuerdo de transacción en el que, al parecer, comprometió recursos públicos de la entidad territorial, por tres mil 375 millones de pesos.
Los demandantes, en su calidad de exdiputados de la Asamblea Departamental, reclamaban el pago por concepto de auxilio de cesantías e indemnización moratoria.
La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa encontró que en algunos títulos la acción ejecutiva laboral se encontraba prescrita y en otros la obligación ya había sido cancelada, motivo por el cual no había lugar al pago de la sanción por mora
De otra parte, el órgano de control evidenció que el exgobernador creó un nuevo título de ejecución a favor de los demandantes con lo que revivió obligaciones que estaban prescritas ante las cuales el juez continuó la contienda judicial en detrimento de los recursos públicos del departamento de Chocó.
La falta fue calificada como gravísima cometida a título de dolo, toda vez que el investigado antes de asumir las funciones como gobernador del Chocó se desempeñaba como secretario de Hacienda del ente territorial, por lo que conocía las finanzas departamentales y la importancia del manejo de los recursos públicos, por lo que era su deber tomar las previsiones del caso, consultar los procedimientos y evaluar si las obligaciones eran claras a fin de evitar el detrimento del patrimonio público.
En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 18 años para ocupar cargos públicos al exgobernador encargado del departamento del Chocó, Roger Pastor Mosquera Lozano, por permitir incrementar injustificadamente el patrimonio de terceras personas.

De acuerdo con la investigación, cuando se desempeñaba como gobernador encargado del departamento de Chocó, el día 4 de diciembre de 2007, Mosquera Lozano dio lugar al incremento injustificado del patrimonio de los señores Freddy Lloreda Palacios, Marcial Blandón Rivas, José Américo Mosquera Lozano, Florentino Blandón Palacios y José Manuel Cuesta, al celebrar un acuerdo de transacción en el que, al parecer, comprometió recursos públicos de la entidad territorial, por tres mil 375 millones de pesos.

Los demandantes, en su calidad de exdiputados de la Asamblea Departamental, reclamaban el pago por concepto de auxilio de cesantías e indemnización moratoria.

La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa encontró que en algunos títulos la acción ejecutiva laboral se encontraba prescrita y en otros la obligación ya había sido cancelada, motivo por el cual no había lugar al pago de la sanción por mora

De otra parte, el órgano de control evidenció que el exgobernador creó un nuevo título de ejecución a favor de los demandantes con lo que revivió obligaciones que estaban prescritas ante las cuales el juez continuó la contienda judicial en detrimento de los recursos públicos del departamento de Chocó.

La falta fue calificada como gravísima cometida a título de dolo, toda vez que el investigado antes de asumir las funciones como gobernador del Chocó se desempeñaba como secretario de Hacienda del ente territorial, por lo que conocía las finanzas departamentales y la importancia del manejo de los recursos públicos, por lo que era su deber tomar las previsiones del caso, consultar los procedimientos y evaluar si las obligaciones eran claras a fin de evitar el detrimento del patrimonio público.

 

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