La Corte Constitucional accedió a las pretensiones del Ministerio del Interior y de Justicia de ampliar los plazos para efectuar un nuevo proceso de censo de comunidades afrodescendientes de Jiguamiandó y Curvaradó, en Chocó, luego de que el mismo Tribunal ordenara la detención del proceso de restitución que ya se disponía a cumplir el Gobierno.
Tras el seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, en el cual se declaró la incosntitucionalidad del estado de atención a los desplazados, la Corporación encontró que las tierras que estaban cerca de ser tituladas a favor de afrodescendientes despojados por grupos armados estaban precedidas de un deficiente proceso previo, que podía llevar a que las violaciones a los derechos de esta población se siguiera acentuando con la titulación.
Además de solicitar la suspensión de la restitución hasta tanto no se corrigieran las omisiones cometidas las autoridades en el proceso, la Corte había solicitado la inspección de los organismos de control en torno a la actuación de las entidades estatales en este sentido; de allí que la Contraloría General de la República, en su informe presentado al alto Tribunal, concluyó que de los más de 9.000 millones de pesos asignados a la atención de las comunidades sólo se habían ejecutado cerca de 1.000 millones.
“En la vigencia 2010, a pesar de haberse asignado recursos a la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras por $9.483.187.500 para el fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, a junio 30 de 2010, tan solo se ha ejecutado el 11.99% de los mismos por parte del Ministerio del Interior y de Justicia para atender lo ordenado en los Autos 005 de 2009 y del 18 de mayo de 2010”, dijo la Contraloría a la Corte.
Así mismo, el organismo sostuvo que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural había carecido de actuaciones efectivas para prevenir nuevos despojos y abusos de grupos armados ilegales en contra de los afrodescendientes.
Adicionalmente, la Procuraduría General de la Nación observó la continuidad de los estados de cosas lesivos para los comunidades, que llevaron a organismos multilaterales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, a llamar la atención a autoridades colombianas frente a situaciones como la autorización de la presencia de palmicultores en la Región sin antes haberlo consultado con los afrodescendientes.
“La continuación de la implementación del proyecto agroindustrial de palma aceitera en el territorio colectivo, sin que conste el consentimiento de las comunidades; la parálisis en las actividades de siembra de las comunidades pues tratándose la palma de un monocultivo, la tierra en que se siembra queda inutilizada para cualquier otra producción, lo que ha hecho que la situación alimentaria se agrave”, señaló la CIDH en su momento.
Luego de evidenciar una larga lista de omisiones por parte del Gobierno y otras entidades estatales en la materia, la Corte, con ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas, consideró que era viable otorgar un nuevo plazo al Ejecutivo, para concretar otro cronograma de actividades con la Defensoría del Pueblo y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, que lleve al feliz término de las labores de censo, previas a las restituciones.
Fuente: El Espectador
La Corte Constitucional accedió a las pretensiones del Ministerio del Interior y de Justicia de ampliar los plazos para efectuar un nuevo proceso de censo de comunidades afrodescendientes de Jiguamiandó y Curvaradó, en Chocó, luego de que el mismo Tribunal ordenara la detención del proceso de restitución que ya se disponía a cumplir el Gobierno.Tras el seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, en el cual se declaró la incosntitucionalidad del estado de atención a los desplazados, la Corporación encontró que las tierras que estaban cerca de ser tituladas a favor de afrodescendientes despojados por grupos armados estaban precedidas de un deficiente proceso previo, que podía llevar a que las violaciones a los derechos de esta población se siguiera acentuando con la titulación.
Además de solicitar la suspensión de la restitución hasta tanto no se corrigieran las omisiones cometidas las autoridades en el proceso, la Corte había solicitado la inspección de los organismos de control en torno a la actuación de las entidades estatales en este sentido; de allí que la Contraloría General de la República, en su informe presentado al alto Tribunal, concluyó que de los más de 9.000 millones de pesos asignados a la atención de las comunidades sólo se habían ejecutado cerca de 1.000 millones.
“En la vigencia 2010, a pesar de haberse asignado recursos a la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras por $9.483.187.500 para el fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, a junio 30 de 2010, tan solo se ha ejecutado el 11.99% de los mismos por parte del Ministerio del Interior y de Justicia para atender lo ordenado en los Autos 005 de 2009 y del 18 de mayo de 2010”, dijo la Contraloría a la Corte.
Así mismo, el organismo sostuvo que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural había carecido de actuaciones efectivas para prevenir nuevos despojos y abusos de grupos armados ilegales en contra de los afrodescendientes.
Adicionalmente, la Procuraduría General de la Nación observó la continuidad de los estados de cosas lesivos para los comunidades, que llevaron a organismos multilaterales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, a llamar la atención a autoridades colombianas frente a situaciones como la autorización de la presencia de palmicultores en la Región sin antes haberlo consultado con los afrodescendientes.
“La continuación de la implementación del proyecto agroindustrial de palma aceitera en el territorio colectivo, sin que conste el consentimiento de las comunidades; la parálisis en las actividades de siembra de las comunidades pues tratándose la palma de un monocultivo, la tierra en que se siembra queda inutilizada para cualquier otra producción, lo que ha hecho que la situación alimentaria se agrave”, señaló la CIDH en su momento.
Luego de evidenciar una larga lista de omisiones por parte del Gobierno y otras entidades estatales en la materia, la Corte, con ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas, consideró que era viable otorgar un nuevo plazo al Ejecutivo, para concretar otro cronograma de actividades con la Defensoría del Pueblo y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, que lleve al feliz término de las labores de censo, previas a las restituciones.
Fuente: El Espectador
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