La procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, quien estuvo de visita en Quibdó, formuló requerimientos a diferentes entidades, con respecto de las responsabilidades en el caso de la incautación de 146 bultos de bienestarina, por parte de la policía, que tenían como destino una finca de cerdos.
Al fiscal cuarto seccional de delitos contra la administración pública, le pidió celeridad en la investigación penal que cursa en esa dependencia, relacionada con la denuncia presentada por el agente al servicio de la Policía Nacional, Jorge Eliécer Osorio Álvarez, quien puso en conocimiento presuntas conductas punibles de servidores públicos y/o particulares implicados en los hechos motivo de la investigación.
Al procurador regional del Chocó le solició adelantar la correspondiente investigación contra los servidores públicos y/o particulares que pudieron estar comprometidos con los hechos denunciados, para establecer la posible responsabilidad disciplinaria.
Igualmente le solicitó al director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, un informe detallado de las acciones de seguimiento e interventoría del convenio interadministrativo de cooperación y cofinanciación suscrito entre el ICBF y la Alcaldía Municipal de Quibdó, relativo al programa de suplemento nutricional y alimentario (bienestarina) madres gestantes – lactantes, niños y niñas menores de dos años, de las comunidades indígenas del municipio de Quibdó.
Otro informe detallado de los trámites administrativos adelantados para el traslado de 146 bultos de bienestarina, le pidió al alcalde de Quibdó,con base en el convenio interadministrativo de cooperación.
Finalmente, coordinador de los procuradores judiciales penales, les requirió prioridad a la investigación por los mismos hechos, en razón de lo que significa la bienestarina para la población indígena beneficiaria del convenio.
La procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, quien estuvo de visita en Quibdó, formuló requerimientos a diferentes entidades con respecto de las responsabilidades en el caso de la incautación de 146 bultos de bienestarina, por parte de la policía, que tenían como destino una finca de cerdos.Al fiscal cuarto seccional de delitos contra la administración pública, le pidió celeridad en la investigación penal que cursa en esa dependencia, relacionada con la denuncia presentada por el agente al servicio de la Policía Nacional, Jorge Eliécer Osorio Álvarez, quien puso en conocimiento presuntas conductas punibles de servidores públicos y/o particulares implicados en los hechos, motivo de la investigación.
Al procurador regional del Chocó le solició adelantar la correspondiente investigación contra los servidores públicos y/o particulares que pudieron estar comprometidos con los hechos denunciados, para establecer la posible responsabilidad disciplinaria.
Igualmente le solicitó al director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, un informe detallado de las acciones de seguimiento e interventoría del convenio interadministrativo de cooperación y cofinanciación suscrito entre el ICBF y la Alcaldía Municipal de Quibdó, relativo al programa de suplemento nutricional y alimentario (bienestarina) madres gestantes – lactantes, niños y niñas menores de dos años, de las comunidades indígenas del municipio de Quibdó.
Otro informe munucioso de los trámites administrativos adelantados para el traslado de 146 bultos de bienestarina, le pidió al alcalde de Quibdó, con base en el convenio interadministrativo de cooperación.
Finalmente, coordinador de los procuradores judiciales penales, les requirió prioridad a la investigación por los mismos hechos, en razón de lo que significa la bienestarina para la población indígena beneficiaria del convenio.
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