El 25 de diciembre de 1997 los paramilitares asesinaron en Urabá al ganadero Hernando Cardona Higuita. A mediados del año 2000 su familia descubrió que el difunto apareció, dos años después del crimen, en la firma de las escrituras que soportaban la venta de tres fincas ubicadas en Mutatá a un palmicultor de la zona.Gracias a este evidente fraude, las fincas Casa Mía, El Roble y Alto de los Almendros, en la vereda Los Cedros, en Belén de Bajirá quedaron anexadas a una gran extensión de miles de hectáreas dedicadas a la siembra de palma y la ganadería.
"Mi padre no quería vender y lo mataron, luego nos sacaron de la finca con amenazas, se robaron el ganado y nos desplazamos. Ahora esperamos que la justicia nos devuelva lo que nos arrebataron", recordó uno de sus hijos.
Tras la desmovilización de las autodefensas, los familiares han intentado recuperar la propiedad sobre esas 180 hectáreas de tierra que fueron usurpadas mediante un fraude y desplazamiento forzado por las autodefensas.
Se inscribieron como víctimas ante la Fiscalía e iniciaron la reclamación dentro del proceso de Justicia y Paz.
Ayer, 13 años después de abandonar contra su voluntad sus tierras, los hijos del finquero asesinado acudieron a una audiencia judicial solicitada por la Fiscalía, cuyo objetivo era la cancelación de títulos fraudulentos.
Es la primera vez que se utiliza este recurso de la justicia ordinaria para agilizar la devolución de las tierras usurpadas por las Auc. En la misma audiencia, se solicitó protección para las familias del ganadero asesinado y las de dos socios, a quienes los paramilitares obligaron a vender su parte en las tres fincas.
En la sala se encontraba el ex jefe paramilitar Raúl Hasbún, pues el homicidio de Cardona y el desplazamiento es atribuido por las autoridades a los paramilitares.
Despojo sistemático
Según la fiscal 17 de Justicia y Paz, Nubia Chávez, la investigación demostró que las autodefensas usurparon miles de hectáreas en Urabá mediante homicidios, desplazamientos, venta forzada o la suplantación de los verdaderos propietarios. "Fue toda una argucia para despojarlos".
Aunque el magistrado de Justicia y Paz, Álvaro Cerón, dijo que era evidente el fraude, tras cuatro horas de audiencia, se declaró incompetente para resolver el caso que, según él, corresponde a los jueces de conocimiento.
La decisión generó malestar entre los reclamantes de tierras y la Fiscalía, que esperaban un rápido fallo a favor ante lo que consideraban pruebas contundentes y evidentes del despojo y el fraude.
La Fiscalía y la defensa de las víctimas apelaron y será la Sala de Conocimiento del Tribunal Superior el que decida si se cancelan o no los títulos.
Hoy se realiza otra audiencia similar sobre otros 14 casos de 17 predios, documentados por la Comisión de Restitución de Bienes de Antioquia.
Entre los bienes usurpados está el de un agricultor de Turbo, a quien los paramilitares le obligaron a vender en 1996 varios predios, anexados a una propiedad que hoy aparece a nombre de Kenia Gómez Toro y Rosa María Castaño, viuda e hija del ex jefe de las Auc, Carlos Castaño.
Fuente: El Colombiano
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