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Local y Regional

Procuraduría formuló pliego de cargos en contra del actual alcalde de Unguía

Procuraduría formuló pliego de cargos en contra del actual alcalde de Unguía
Por presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato suscrito con el objeto de realizar mantenimiento y limpieza del Río Tigre, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos a Víctor Manuel Gómez Cortes, alcalde municipal de Unguía (Chocó).
La investigación disciplinaria se originó por la denuncia radicada ante la Procuraduría Provincial de Apartadó por el vocero y representante legal de la Veeduría Ciudadana de Unguía, en la que refiere una serie de situaciones irregulares en la administración municipal de dicha localidad, relacionadas con el mal manejo de los dineros del erario a través de la suscripción de un contrato que se pagó sin haber sido ejecutado.
Por los mismos hechos se formularon cargos a los señores Miguel Antonio Palacios Machado, exsecretario de Planeación Obras y Servicios Públicos, y Álvaro Soto Bedoya, secretario de Hacienda y Tesorero de Unguía para la época de los hechos.
Al parecer los investigados omitieron verificar y controlar la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado y el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los contratistas, para asegurar los cometidos propuestos por la entidad pública para la eficiente prestación del servicio encomendado.
De manera provisional, la falta del alcalde municipal fue calificada por el órgano de control como gravísima a título de dolo; la de Palacios Machado como gravísima con culpa gravísima, y la de Soto Bedoya como grave a título de culpa gravísima.
Finalmente la Procuraduría General de la Nación compulsó copia de esta actuación a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la conducta desde el ámbito de su competencia en lo que tiene que ver con los presuntos tipos penales quebrantados, y además con la presunta falsedad en que haya podido incurrir Miguel Antonio Palacios al consignar de su puño y letra el nombre de Andrés Jaramillo en un cheque para proceder a su cobro; igualmente a la Contraloría General de Antioquia, para que determine la responsabilidad fiscal por los hechos que da cuenta esta acción disciplinaria.
Por presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato suscrito con el objeto de realizar mantenimiento y limpieza del Río Tigre, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos a Víctor Manuel Gómez Cortes, alcalde municipal de Unguía (Chocó).

La investigación disciplinaria se originó por la denuncia radicada ante la Procuraduría Provincial de Apartadó por el vocero y representante legal de la Veeduría Ciudadana de Unguía, en la que refiere una serie de situaciones irregulares en la administración municipal de dicha localidad, relacionadas con el mal manejo de los dineros del erario a través de la suscripción de un contrato que se pagó sin haber sido ejecutado.

Por los mismos hechos se formularon cargos a los señores Miguel Antonio Palacios Machado, exsecretario de Planeación Obras y Servicios Públicos, y Álvaro Soto Bedoya, secretario de Hacienda y Tesorero de Unguía para la época de los hechos.

Al parecer los investigados omitieron verificar y controlar la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado y el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los contratistas, para asegurar los cometidos propuestos por la entidad pública para la eficiente prestación del servicio encomendado.

De manera provisional, la falta del alcalde municipal fue calificada por el órgano de control como gravísima a título de dolo; la de Palacios Machado como gravísima con culpa gravísima, y la de Soto Bedoya como grave a título de culpa gravísima.

Finalmente la Procuraduría General de la Nación compulsó copia de esta actuación a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la conducta desde el ámbito de su competencia en lo que tiene que ver con los presuntos tipos penales quebrantados, y además con la presunta falsedad en que haya podido incurrir Miguel Antonio Palacios al consignar de su puño y letra el nombre de Andrés Jaramillo en un cheque para proceder a su cobro; igualmente a la Contraloría General de Antioquia, para que determine la responsabilidad fiscal por los hechos que da cuenta esta acción disciplinaria.

 

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