Una panorámica geográfica de lo que ocurre con el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones demuestra que Chocó todavía no se repone del saqueo sistemático al que en el pasado reciente fue sometido por auténticos carteles organizados para ello. Funcionarios de la administración se aliaron con jueces y con una oficina de abogados perteneciente a una de las castas políticas del departamento para simular pleitos laborales y otras demandas contra el departamento que, curiosamente, siempre eran falladas en contra de este.
Ante la carencia de recursos para atender los mandatos judiciales, el departamento echaba mano sistemáticamente a los recursos de las cuentas maestras del SGP para pagarlas y engordar así las arcas de los corruptos. Por ese camino se perdieron más de $60.000 millones durante los últimos cuatro años. Funcionarios que se lucraron de esa empresa criminal disponen hoy de las mejores casas del único sector exclusivo de Quibdó, a orillas del Atrato: una zona residencial llamada, a propósito, barrio del Estado.
El médico Antonio Gómez, enviado como gobernador encargado del departamento para recuperar la gobernabilidad perdida en medio de tantos problemas de corrupción, le dijo a la Revista Dinero que los programas de saneamiento comenzaban a mostrar resultados.
Pero para eso ha sido necesario que el grueso de los recursos del SGP, salud y educación sea manejado a través de la intervención directa de la Superintendencia de Salud y del Ministerio de Educación.
No obstante, siguen embargados los recursos de regalías, algunos de agua potable y las rentas de libre destinación.
"A esto se suma -explica Gómez- que algunos embargos se producen en la fuente y casi siempre equivalen al 100% de la renta. No se está respetando la política de que los embargos tengan niveles máximos de entre 28% y 33%".
Así las cosas, el nivel de inversión social en el departamento es mínimo y los gastos de operación, salarios y mesadas pensionales, principalmente, se encuentran atrasados en su pago en cuatro meses. "Mientras los embargos se hacen rápido, los incidentes de desembargo son muy lentos", dice el gobernador encargado.
Esta es solo una muestra representativa del panorama que afronta el Sistema General de Participaciones,
Fuente: Revista Dinero
Una panorámica geográfica de lo que ocurre con el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones demuestra que Chocó todavía no se repone del saqueo sistemático al que en el pasado reciente fue sometido por auténticos carteles organizados para ello. Funcionarios de la administración se aliaron con jueces y con una oficina de abogados perteneciente a una de las castas políticas del departamento para simular pleitos laborales y otras demandas contra el departamento que, curiosamente, siempre eran falladas en contra de este.
Ante la carencia de recursos para atender los mandatos judiciales, el departamento echaba mano sistemáticamente a los recursos de las cuentas maestras del SGP para pagarlas y engordar así las arcas de los corruptos. Por ese camino se perdieron más de $60.000 millones durante los últimos cuatro años. Funcionarios que se lucraron de esa empresa criminal disponen hoy de las mejores casas del único sector exclusivo de Quibdó, a orillas del Atrato: una zona residencial llamada, a propósito, barrio del Estado.
El médico Antonio Gómez, enviado como gobernador encargado del departamento para recuperar la gobernabilidad perdida en medio de tantos problemas de corrupción, le dijo a la Revista Dinero que los programas de saneamiento comenzaban a mostrar resultados.
Pero para eso ha sido necesario que el grueso de los recursos del SGP, salud y educación sea manejado a través de la intervención directa de la Superintendencia de Salud y del Ministerio de Educación.
No obstante, siguen embargados los recursos de regalías, algunos de agua potable y las rentas de libre destinación.
"A esto se suma -explica Gómez- que algunos embargos se producen en la fuente y casi siempre equivalen al 100% de la renta. No se está respetando la política de que los embargos tengan niveles máximos de entre 28% y 33%".
Así las cosas, el nivel de inversión social en el departamento es mínimo y los gastos de operación, salarios y mesadas pensionales, principalmente, se encuentran atrasados en su pago en cuatro meses. "Mientras los embargos se hacen rápido, los incidentes de desembargo son muy lentos", dice el gobernador encargado.
Esta es solo una muestra representativa del panorama que afronta el Sistema General de Participaciones,
Fuente: Revista Dinero
Comentarios
AH Y A PROPOSITO PERFECTA LA FOTO DEL EJEMPLO!