Hubiera sido curioso que el país viera esta semana en la televisión a empresarios de palma y ganaderos —uno detrás de otro, con la cabeza gacha— entrando a la Fiscalía a rendir indagatoria por los delitos de “desplazamiento forzado en concurso homogéneo y sucesivo y heterogéneo con concierto para delinquir agravado e invasión de áreas de especial importancia ecológica”.
Se hace con delincuentes comunes, guerrilleros y paramilitares, como todos hemos visto en los noticieros. La justicia así hubiera quedado más parada. Porque lo que se ha hecho en los territorios de los consejos comunitarios de Curbaradó (con b, según el Instituto Agustín Codazzi) y Jiguamiandó ha sido una práctica corriente en el país y que contaba con la complicidad de las autoridades competentes. No de otra manera se explica que a sabiendas de ser un territorio colectivo donde no se podía ni vender ni comprar tierra, los empresarios hayan adquirido más de 20.000 hectáreas en zona de mil aguas, apoyados por los paramilitares del Élmer Cárdenas que, asesinando a 120 campesinos, obligaron a huir a más de dos mil.
La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Diócesis de Quibdó, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y la Defensoría del Pueblo vienen denunciando reiterativamente la invasión del territorio y el despojo de tierras. Los empresarios alegan que lo han hecho de buena fe: la gente se les acerca a vender su predio y ellos lo compran. Desconocen con cinismo la ley porque están acostumbrados a la impunidad. Saben que una vez sindiquen al que se oponga a sus negocios de ser de la guerrilla, esa persona queda en manos de los paramilitares.
Por ejemplo, don Daniel Merlano, un gran empresario palmero, dice que las ONG que están en el área “interlocutan con las Farc” y que presionaron la elección de Ligia Chaverra como representante legal del Consejo Comunitario de Curbaradó (El Espectador, 29 de enero de 2008). Hace 10 días, la Corte Constitucional solicitó al Ministerio del Interior y al de Defensa “brindar las medidas de protección necesarias a los miembros y líderes de estas comunidades, especialmente en el caso del señor Enrique Petro y la señora María Ligia Chaverra”.
El drama del Bajo Atrato
Los empresarios palmeros no llegan al Bajo Atrato a llevar la luz y el progreso. Saben a qué van, cuánto van a ganar y quién los va a proteger; han investigado minuciosamente los suelos, las aguas; tienen toda la información sobre orden público. Conocen perfectamente que las tierras del Bajo Atrato y, sobre todo, aquellas que hacen parte de un gran humedal formado por los ríos Atrato y Murindó, son excepcionalmente fértiles para cultivar la palma de aceite. Lo saben tanto como que las feraces tierras del río Cacarica se valorizan hoy a toda carrera con el trazo de la Autopista de las Américas que tanto han querido los bananeros del Urabá, socios de los palmeros de autos en la construcción de una refinadora de aceite en la que invirtieron $30.000 millones y que, digo yo, no tardará en ser inaugurada por el propio presidente Uribe, antes de irse. Porque en el Bajo Atrato todo está enlazado y hasta el mismísimo Alemán, Freddy Rendón, comandante del Élmer Cárdenas —a quien la Corte Suprema en su sabiduría ha negado la extradición—, es uno de los inversionistas de palma en el Bajo Atrato.
Yo conocí la región y navegué por sus aguas desde el 87. La violencia se sentía llegar poco a poco como va llegando el tarugo o buchón desde las ciénagas a los ríos. La Unión Patriótica era masacrada en el Eje Bananero; la guerrilla y los paramilitares, buscándose, ampliaban su teatro de guerra. Las grandes empresas madereras saqueaban las cuencas del Salaquí, de la Honda; arrinconaban a campesinos e indígenas. De golpe, el gran estallido: el general Rito Alejo del Río bombardea el Cacarica, los paramilitares se acuartelan en las instalaciones del Parque Nacional Katíos —Patrimonio de la Humanidad—, montan retenes donde hay aserríos de madera, donde hay Policía, donde hay intereses empresariales.
Controlan todo el Bajo Atrato. La gente huye. Los negros —y los llamo así por el cariño que les tengo, como se llama negra a una mujer bonita— tienen un ancestral y justificado pavor a las armas de fuego. Los operativos ‘paras’ eran breves: un par de campesinos desmembrados en la boca de un río y venga esa tierra para el patrón. Más tarde y más arriba, en Bojayá, la guerrilla bombardea a los ‘paracos’ en la iglesia y mata más de un centenar de fieles refugiados en ella. La guerra es a muerte. A su sombra se va desterrando a los indios, a los negros y a los ‘chilapos’, campesinos también huyentes que corrían del Urabá chocano —tierras de los Castaño y de los Bula— o del Sinú y del Bajo Cauca —tierras de Mancuso y de Macaco—.
Quien denunciaba las atrocidades era calificado como guerrillero. No hace mucho una extraña web, La Diáspora del Atrato, tildaba de criminales a Javier Giraldo S. J. e Iván Cepeda por el hecho escueto de haber dicho lo que hoy la Fiscalía acepta como fundamento de la judicialización a empresarios y paramilitares. La práctica de la invasión de predios públicos o colectivos en algunos de los acusados no es nueva: una gran tajada del Parque Tayrona —Gairaca, Neguanje, Cinto y Guachaquita—, según la Oficina de Registros, es de una firma cuyos socios deberán responder ante la Fiscalía por el caso de Curbaradó. La adulteración de documentos públicos es así mismo una práctica, digamos, natural: Lino Díaz, ahogado en el Jiguamiandó en 1995, aparece firmando la venta de un predio de 5.890 hectáreas en el año 2000, aunque contaba con un título individual de tan sólo 50 hectáreas.
Fuente: El Espectador
Hubiera sido curioso que el país viera esta semana en la televisión a empresarios de palma y ganaderos —uno detrás de otro, con la cabeza gacha— entrando a la Fiscalía a rendir indagatoria por los delitos de “desplazamiento forzado en concurso homogéneo y sucesivo y heterogéneo con concierto para delinquir agravado e invasión de áreas de especial importancia ecológica”.Se hace con delincuentes comunes, guerrilleros y paramilitares, como todos hemos visto en los noticieros. La justicia así hubiera quedado más parada. Porque lo que se ha hecho en los territorios de los consejos comunitarios de Curbaradó (con b, según el Instituto Agustín Codazzi) y Jiguamiandó ha sido una práctica corriente en el país y que contaba con la complicidad de las autoridades competentes. No de otra manera se explica que a sabiendas de ser un territorio colectivo donde no se podía ni vender ni comprar tierra, los empresarios hayan adquirido más de 20.000 hectáreas en zona de mil aguas, apoyados por los paramilitares del Élmer Cárdenas que, asesinando a 120 campesinos, obligaron a huir a más de dos mil.
La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Diócesis de Quibdó, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y la Defensoría del Pueblo vienen denunciando reiterativamente la invasión del territorio y el despojo de tierras. Los empresarios alegan que lo han hecho de buena fe: la gente se les acerca a vender su predio y ellos lo compran. Desconocen con cinismo la ley porque están acostumbrados a la impunidad. Saben que una vez sindiquen al que se oponga a sus negocios de ser de la guerrilla, esa persona queda en manos de los paramilitares.
Por ejemplo, don Daniel Merlano, un gran empresario palmero, dice que las ONG que están en el área “interlocutan con las Farc” y que presionaron la elección de Ligia Chaverra como representante legal del Consejo Comunitario de Curbaradó (El Espectador, 29 de enero de 2008). Hace 10 días, la Corte Constitucional solicitó al Ministerio del Interior y al de Defensa “brindar las medidas de protección necesarias a los miembros y líderes de estas comunidades, especialmente en el caso del señor Enrique Petro y la señora María Ligia Chaverra”.
El drama del Bajo Atrato
Los empresarios palmeros no llegan al Bajo Atrato a llevar la luz y el progreso. Saben a qué van, cuánto van a ganar y quién los va a proteger; han investigado minuciosamente los suelos, las aguas; tienen toda la información sobre orden público. Conocen perfectamente que las tierras del Bajo Atrato y, sobre todo, aquellas que hacen parte de un gran humedal formado por los ríos Atrato y Murindó, son excepcionalmente fértiles para cultivar la palma de aceite. Lo saben tanto como que las feraces tierras del río Cacarica se valorizan hoy a toda carrera con el trazo de la Autopista de las Américas que tanto han querido los bananeros del Urabá, socios de los palmeros de autos en la construcción de una refinadora de aceite en la que invirtieron $30.000 millones y que, digo yo, no tardará en ser inaugurada por el propio presidente Uribe, antes de irse. Porque en el Bajo Atrato todo está enlazado y hasta el mismísimo Alemán, Freddy Rendón, comandante del Élmer Cárdenas —a quien la Corte Suprema en su sabiduría ha negado la extradición—, es uno de los inversionistas de palma en el Bajo Atrato.
Yo conocí la región y navegué por sus aguas desde el 87. La violencia se sentía llegar poco a poco como va llegando el tarugo o buchón desde las ciénagas a los ríos. La Unión Patriótica era masacrada en el Eje Bananero; la guerrilla y los paramilitares, buscándose, ampliaban su teatro de guerra. Las grandes empresas madereras saqueaban las cuencas del Salaquí, de la Honda; arrinconaban a campesinos e indígenas. De golpe, el gran estallido: el general Rito Alejo del Río bombardea el Cacarica, los paramilitares se acuartelan en las instalaciones del Parque Nacional Katíos —Patrimonio de la Humanidad—, montan retenes donde hay aserríos de madera, donde hay Policía, donde hay intereses empresariales.
Controlan todo el Bajo Atrato. La gente huye. Los negros —y los llamo así por el cariño que les tengo, como se llama negra a una mujer bonita— tienen un ancestral y justificado pavor a las armas de fuego. Los operativos ‘paras’ eran breves: un par de campesinos desmembrados en la boca de un río y venga esa tierra para el patrón. Más tarde y más arriba, en Bojayá, la guerrilla bombardea a los ‘paracos’ en la iglesia y mata más de un centenar de fieles refugiados en ella. La guerra es a muerte. A su sombra se va desterrando a los indios, a los negros y a los ‘chilapos’, campesinos también huyentes que corrían del Urabá chocano —tierras de los Castaño y de los Bula— o del Sinú y del Bajo Cauca —tierras de Mancuso y de Macaco—.
Quien denunciaba las atrocidades era calificado como guerrillero. No hace mucho una extraña web, La Diáspora del Atrato, tildaba de criminales a Javier Giraldo S. J. e Iván Cepeda por el hecho escueto de haber dicho lo que hoy la Fiscalía acepta como fundamento de la judicialización a empresarios y paramilitares. La práctica de la invasión de predios públicos o colectivos en algunos de los acusados no es nueva: una gran tajada del Parque Tayrona —Gairaca, Neguanje, Cinto y Guachaquita—, según la Oficina de Registros, es de una firma cuyos socios deberán responder ante la Fiscalía por el caso de Curbaradó. La adulteración de documentos públicos es así mismo una práctica, digamos, natural: Lino Díaz, ahogado en el Jiguamiandó en 1995, aparece firmando la venta de un predio de 5.890 hectáreas en el año 2000, aunque contaba con un título individual de tan sólo 50 hectáreas.
Fuente: El Espectador
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