Agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones detuvieron al ex mandatario seccional en Quibdó y este martes lo trasladaron a Bogotá, para que cumpla la condena por celebración indebida de contratos, en la construcción de un acueducto.
Chocó es considerado el departamento más afectado por la corrupción, que según el contralor Julio César Turbay, "es aberrante e insostenible".
En el caso de Halaby Córdoba, la investigación estableció que en el 2002, cuando era gobernador del Chocó, suscribió un contrato para la construcción de un acueducto que necesitaba una humilde comunidad en el municipio de Atrato (Chocó).
La obra, por valor de 893 millones de pesos, fue entregada mediante contratación directa, a través de un convenio interadministrativo, a una cooperativa supuestamente conformada por una asociación de municipios.
Sin embargo, meses después, la propia Gobernación declaró nulo el contrato al determinar que la cooperativa en realidad estaba conformada por particulares. En ese caso, el entonces gobernador Halaby Córdoba debió haber convocado a una licitación pública.
Además, también se encontró que la cooperativa "carecía de la idoneidad y experiencia necesarias para la ejecución del objeto contractual".
Halaby argumentó que actúo de buena fe al firmar el contrato y que él mismo lo dio por terminado cuando advirtió las irregularidades.
No obstante, la investigación determinó que fue la presión de la interventoría la que llevó a cancelar la contratación. "El acto fue criticado por los interventores europeos que advirtieron, precisamente, la irregularidad manifiesta (...) Tampoco se puede deducir la buena fe de la "actitud furiosa" que asumió con el contratista y la negativa a pagarles los perjuicios reclamados".
Más aún, los magistrados determinaron que el ex Gobernador es abogado con especialización en Derecho Administrativo, que le permitía tener un concepto claro del proceso de contratación.
"Su amplia experiencia profesional -como abogado especializado en derecho administrativo- y laboral, específicamente en el sector oficial -como juez, secretario general de la alcaldía de Chocó, notario, auditor de la Universidad Tecnológica del Chocó, le permitía conocer claramente cuál era el proceso legal y sin embargo, se encaminó a la ejecución de la conducta prohibida de manera libre y voluntaria", dice la sentencia.
Según cifras de la oficina del zar anticorrupción, 36 mil millones de pesos que recibió el departamento del Chocó entre 1993 y el 2005 fueron a parar a los bolsillos de los corruptos.
Durante esos 12 años el Chocó redujo apenas en un uno por ciento su índice de necesidades básicas insatisfechas.
"Los índices de corrupción son espantosos", dijo en su momento el zar Anticorrupción Óscar Ortiz.
Fuente: El Tiempo
Agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones detuvieron al ex mandatario seccional en Quibdó y este martes lo trasladaron a Bogotá, para que cumpla la condena por celebración indebida de contratos, en la construcción de un acueducto.Chocó es considerado el departamento más afectado por la corrupción, que según el contralor Julio César Turbay, "es aberrante e insostenible".
En el caso de Halaby Córdoba, la investigación estableció que en el 2002, cuando era gobernador del Chocó, suscribió un contrato para la construcción de un acueducto que necesitaba una humilde comunidad en el municipio de Atrato (Chocó).
La obra, por valor de 893 millones de pesos, fue entregada mediante contratación directa, a través de un convenio interadministrativo, a una cooperativa supuestamente conformada por una asociación de municipios.
Sin embargo, meses después, la propia Gobernación declaró nulo el contrato al determinar que la cooperativa en realidad estaba conformada por particulares. En ese caso, el entonces gobernador Halaby Córdoba debió haber convocado a una licitación pública.
Además, también se encontró que la cooperativa "carecía de la idoneidad y experiencia necesarias para la ejecución del objeto contractual".
Halaby argumentó que actúo de buena fe al firmar el contrato y que él mismo lo dio por terminado cuando advirtió las irregularidades.
No obstante, la investigación determinó que fue la presión de la interventoría la que llevó a cancelar la contratación. "El acto fue criticado por los interventores europeos que advirtieron, precisamente, la irregularidad manifiesta (...) Tampoco se puede deducir la buena fe de la "actitud furiosa" que asumió con el contratista y la negativa a pagarles los perjuicios reclamados".
Más aún, los magistrados determinaron que el ex Gobernador es abogado con especialización en Derecho Administrativo, que le permitía tener un concepto claro del proceso de contratación.
"Su amplia experiencia profesional -como abogado especializado en derecho administrativo- y laboral, específicamente en el sector oficial -como juez, secretario general de la alcaldía de Chocó, notario, auditor de la Universidad Tecnológica del Chocó, le permitía conocer claramente cuál era el proceso legal y sin embargo, se encaminó a la ejecución de la conducta prohibida de manera libre y voluntaria", dice la sentencia.
Según cifras de la oficina del zar anticorrupción, 36 mil millones de pesos que recibió el departamento del Chocó entre 1993 y el 2005 fueron a parar a los bolsillos de los corruptos.
Durante esos 12 años el Chocó redujo apenas en un uno por ciento su índice de necesidades básicas insatisfechas.
"Los índices de corrupción son espantosos", dijo en su momento el zar Anticorrupción Óscar Ortiz.
Fuente: El Tiempo
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